La falacia de confundir educación pública con el derecho a la educación
Esta es una pregunta dura, difícil, compleja, elaborada y no sé qué más adjetivos darle de los que aprendí en clase de español. ¿Quién debe administrar los colegios? O, para ser más precisos, para garantizar el derecho al acceso a una educación de calidad, ¿los colegios deben ser públicos? ¿O un esquema de colegios privados puede garantizar aún mejor ese derecho?
Esta es una reflexión que he tenido desde hace un tiempo y que el estallido social ocurrido en Francia la última semana, que nació a partir de unas protestas estudiantiles clamando por una mejor calidad educativa, me tiene pensativo, reflexivo, meditativo, elucubrando… Sí, ver clase de español en el colegio es importante.
La falacia de confundir educación pública con provisión estatal
Es común escuchar que, para garantizar el acceso a una educación de calidad, el Estado debe ser quien administre los colegios. La idea parece intuitiva: si la educación es un derecho y queremos garantizar su acceso universal, entonces los colegios deben ser públicos. Pero esta conclusión no se sigue de la premisa. Acá elaboro un argumento para mostrar por qué podemos defender la financiación pública de la educación sin asumir que el Estado deba ser su proveedor directo.
Empecemos por algo en lo que creo que hay bastante acuerdo. La educación genera externalidades positivas: además de los beneficios privados que recibe quien estudia, una sociedad con mayor capital humano puede generar más conocimiento, innovar y elevar su productividad. También existen problemas de información (ej. administrar un colegio es difícil, coordinar intereses académicos/deportivos/culturales de los padres de familia y de los estudiantes es complejo, conectar la educación con demandas de habilidades del mercado laboral, avances tecnológicos y científicos es titánico, garantizar la idoneidad y buena remuneración de los profesores también complejo y difícil) y restricciones de ingreso que dificultan el acceso de muchos hogares a una educación de calidad. Por estas razones, hay argumentos económicos sólidos para justificar la intervención del Estado en la financiación de la educación.
Ahora bien, de ahí no se sigue que el Estado deba administrar directamente los colegios. Para ver por qué, separemos dos decisiones: quién financia la educación y quién la provee.
La primera tiene que ver con garantizar el acceso, independientemente de la capacidad de pago de los hogares. La segunda tiene que ver con cómo organizamos la prestación del servicio, quién toma las decisiones administrativas y pedagógicas, qué incentivos enfrentan los directivos y cómo se evalúan los resultados. Son problemas distintos. Por lo tanto, justificar la financiación pública no equivale a justificar un monopolio estatal sobre la provisión.
Veamos un ejemplo concreto.
Los colegios en concesión de Bogotá
Una evaluación de impacto realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) de los colegios en concesión de Bogotá ofrece evidencia relevante para esta discusión (https://www.eltiempo.com/vida/educacion/lo-que-bogota-aprendio-con-los-colegios-de-administracion-no-estatal-3584905) . Estos colegios se financian con recursos públicos, pero son administrados por operadores privados. Según los resultados reportados, la evaluación siguió a más de 300.000 estudiantes entre 2010 y 2024 y comparó 35 colegios en concesión con 35 colegios oficiales de condiciones similares.
Los resultados me llamaron mucho la atención. Asistir a un colegio en concesión aumenta en 11,8 puntos porcentuales la probabilidad de llegar a grado once, mejora el puntaje de Saber 11 en 10,6 puntos y eleva en 12,6 puntos porcentuales la probabilidad de acceder a la educación superior. Además, los egresados presentan ingresos laborales esperados un 13,9 % mayores y el costo por estudiante es un 28,4 % inferior al de los colegios oficiales comparables.
De ser correctas estas estimaciones y su interpretación causal, tenemos un resultado clave: un esquema que combina financiación pública y administración privada consigue mejores resultados educativos con un menor costo por estudiante que una solución donde es el estado quien provee el servicio.
¿Qué nos dice esto sobre la discusión anterior?
Primero, que garantizar el acceso a la educación no exige que el Estado administre directamente todos los colegios. En este caso, el Estado financia el servicio y permite que operadores privados lo presten. Así, la financiación pública y la provisión privada no son objetivos incompatibles. Al contrario, son complementarias.
Segundo, que la forma de organizar una institución importa. Los recursos públicos no se transforman automáticamente en aprendizaje. Para que eso ocurra, hay que tomar decisiones sobre contratación, remuneración, métodos pedagógicos, asignación de recursos, acompañamiento a los estudiantes y organización del trabajo docente. Dos instituciones que reciben recursos similares pueden obtener resultados distintos si enfrentan incentivos diferentes o tienen distintas capacidades de gestión.
Pero entonces, ¿por qué esperaríamos que un modelo de provisión privada pudiera generar mejores resultados?
El problema de los incentivos y el conocimiento
Hayek ofrece una intuición útil para entender este problema. En The Use of Knowledge in Society (1945), argumenta que el conocimiento relevante para coordinar una economía está disperso entre individuos y no puede concentrarse por completo en una autoridad central. La idea también resulta pertinente para pensar la organización de los colegios.
Un rector conoce las necesidades de su comunidad educativa, los profesores identifican qué métodos funcionan mejor con sus estudiantes y las familias conocen circunstancias que difícilmente puede observar una autoridad central. Cada comunidad educativa tiene intereses, habilidades y experiencias únicas que requieren de enfoques educativos distintos. Administrar un colegio exige combinar toda esa información y tomar decisiones concretas sobre cómo utilizar los recursos disponibles.
Ninguna regulación central puede anticipar todas las circunstancias particulares de cada institución. Por eso, un sistema que permite cierto grado de autonomía administrativa, experimentación y corrección de errores puede aprovechar información que, de otro modo, sería difícil incorporar a las decisiones. Por ejemplo: desde la situación socioeconómica de los padres de los estudiantes que afecta su disponibilidad a investir en la educación de sus hijos a las condiciones geográficas (un colegio en una zona rural dispersa tiene condiciones distintas a un colegio en una zona de clase media en una de las principales ciudades).
Esto no significa que los operadores privados siempre administren mejor los colegios. Significa que no hay razones de entrada para asumir que una autoridad pública, por el hecho de ser del gobierno, dispone de mejores capacidades para organizar cada institución. La pregunta debe ser empírica: ¿qué esquema institucional permite utilizar mejor la información disponible y generar mejores resultados? En otras palabras, más asociadas a la economía neoclásica: ¿qué solución a la falla de mercado es más eficiente?
La intuición es sencilla. Cuando una institución tiene autonomía para organizar sus recursos y debe responder por sus resultados, puede tener mayores incentivos para buscar formas de mejorar su gestión. Sin embargo, esto depende de cómo se diseñen los contratos, de qué resultados se midan y de qué consecuencias tenga incumplir los objetivos. Un operador privado también puede tener incentivos para reducir costos a expensas de la calidad o para seleccionar a los estudiantes que le resulte más fácil educar. Por eso, la competencia por sí sola no resuelve el problema: necesita reglas, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas.
Milton Friedman desarrolla este argumento en el capítulo VI de Capitalism and Freedom (1962). Su propuesta parte de una distinción sencilla: el Estado puede financiar la educación sin tener que administrar directamente los colegios. Si existen razones para subsidiar la educación, los recursos pueden asignarse a las familias para que los utilicen en instituciones que cumplan determinados estándares. Así, el Estado garantiza la financiación y establece reglas, mientras que distintos operadores se encargan de prestar el servicio. Pero Friedman va más allá de la separación entre financiación y provisión: sostiene que la competencia permite responder mejor a las preferencias de las familias y estimula la mejora de las instituciones. Si los recursos acompañan al estudiante, los colegios tienen mayores incentivos para desarrollar propuestas educativas que respondan a la demanda de educación por parte de los padres de familia.
Hay, además, un argumento de libertad individual. No todas las familias quieren exactamente la misma educación para sus hijos. Algunas prefieren un énfasis en matemáticas, ciencias y tecnología; otras valoran más las humanidades, las artes, el deporte o distintas combinaciones de estas áreas. Un sistema que ofrece alternativas permite que las familias busquen el colegio que mejor se ajuste a sus preferencias, en lugar de someterlas a una única propuesta definida centralmente. Esto también puede mejorar la asignación de estudiantes entre instituciones: cuando existen diferentes modelos educativos, la elección permite una mejor correspondencia entre las características de los colegios y las necesidades de los alumnos. Por supuesto, para que este mecanismo funcione, las familias deben contar con alternativas reales, información suficiente y recursos para acceder a ellas. De ahí la importancia de combinar la financiación pública con la diversidad de proveedores y una regulación que garantice estándares mínimos de calidad.
La competencia y la libertad de elección
Hay otro argumento a favor de un sistema educativo descentralizado: la competencia entre colegios y la libertad de los padres para escoger la educación que quieren para sus hijos. Pensemos por un momento en las preferencias de las familias. Nuevamente, no todos los padres tienen los mismos objetivos educativos. Algunos quieren una formación más intensiva en matemáticas, ciencias y tecnología; otros valoran especialmente las humanidades, las artes, el deporte o una formación integral que combine distintas disciplinas. Incluso entre quienes comparten esos objetivos puede haber diferencias sobre los métodos pedagógicos, la disciplina, el tamaño de las clases y la organización del tiempo escolar. ¿Por qué asumir que una autoridad central puede identificar y satisfacer todas estas preferencias mediante un modelo educativo uniforme?
Un sistema descentralizado permite que distintas instituciones desarrollen propuestas educativas diferentes y que las familias escojan entre ellas. Esto tiene dos ventajas. Primero, reconoce que los padres tienen un interés legítimo en decidir qué tipo de educación reciben sus hijos, dentro de unos estándares mínimos que protejan sus oportunidades futuras. Y en una democracia liberal, tratemos a los padres de familia como ciudadanos plenos.
No me gusta esa suposición implícita en el argumento de que para los hogares de bajos ingresos sin posibilidad de pagar educación privada es el Estado el que tiene que escoger por ellos. ¿Por qué no podrían? ¿No podemos tratarlos como iguales, con los mismos derechos y la misma agencia que los padres de hogares con mayores recursos? Esa es una implicación iliberal que no me gusta: este paternalismo tácito del argumento de que la educación debe ser pública para los hogares de bajos recursos.
Segundo, permite mejorar la asignación de estudiantes entre instituciones. En economía, este problema se conoce como matching: se trata de encontrar una correspondencia entre las preferencias y características de los individuos y las alternativas disponibles. Si algunos colegios se especializan en STEM, otros ofrecen una formación humanística más profunda y otros desarrollan programas deportivos o artísticos, las familias pueden buscar la institución que mejor se ajuste a sus preferencias y a las necesidades de sus hijos.
La competencia también introduce incentivos para que los colegios respondan a esas preferencias. Una institución que no satisface las expectativas de las familias puede perder estudiantes frente a otras que ofrecen una propuesta más adecuada. Esto crea presión para mejorar la calidad, adaptar los programas y utilizar mejor los recursos. Por supuesto, el mecanismo no funciona automáticamente: requiere información confiable sobre la calidad de los colegios, alternativas accesibles para los hogares de menores ingresos y reglas que eviten la selección discriminatoria de estudiantes. La libertad de elección es poco efectiva si una familia no puede pagar el colegio que prefiere o si no dispone de información para distinguir entre instituciones. De ahí la importancia de combinar la financiación pública con la diversidad de proveedores, la transparencia y la supervisión estatal.
El punto central es que la igualdad de oportunidades no exige uniformidad en la provisión educativa. Exige que las diferencias de ingreso no impidan a las familias acceder a una educación de calidad y que los estudiantes tengan oportunidades reales de encontrar una institución adecuada para sus necesidades. Un sistema puede garantizar un piso común de calidad sin imponer que todos los colegios funcionen de la misma manera. De hecho, si las preferencias son heterogéneas, la diversidad institucional puede ser precisamente una de las condiciones para asignar mejor los recursos educativos.
El argumento, entonces, no es que debamos reemplazar todos los colegios oficiales por colegios privados. Es que deberíamos evitar que la identidad del proveedor determine de antemano qué modelos estamos dispuestos a considerar.
¿Cuál es el objetivo de la política educativa?
Volvamos al punto de partida. Si el objetivo es garantizar el acceso a una educación de calidad, debemos evaluar los instrumentos de política pública según su capacidad para conseguirlo. La financiación, la administración, la regulación y la evaluación son instrumentos de política distintos, y cada uno debe responder a un problema concreto.
La financiación pública puede corregir las barreras de acceso asociadas a las restricciones de ingreso. La regulación puede establecer estándares mínimos y proteger a los estudiantes frente a proveedores que incumplan sus obligaciones. La evaluación institucional y docente permite identificar qué modelos consiguen mejores resultados y a qué costo. Y distintos esquemas de provisión pueden competir o coexistir bajo reglas comunes.
Por supuesto, la evaluación de Bogotá no demuestra que todos los colegios en concesión sean mejores que todos los colegios oficiales. Tampoco permite concluir que cualquier sistema de concesiones produciría los mismos resultados en cualquier ciudad, o en contextos geográficos diferentes. Lo que sí hace, si sus resultados están correctamente identificados, es mostrar que existe al menos un modelo institucional en el que la financiación pública y la administración privada pueden combinarse para conseguir resultados educativos favorables.
Por lo tanto, descartar ese modelo únicamente porque los colegios no están administrados directamente por el Estado supondría privilegiar una forma de provisión sobre el objetivo que buscamos alcanzar. Y esa es precisamente la distinción que me interesa resaltar: una cosa es defender que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad y otra muy distinta es afirmar que el Estado debe ser quien administre los colegios para garantizarlo.
Desde el liberalismo clásico, la discusión debería centrarse en los resultados, los incentivos y las reglas institucionales, no en asumir que una determinada estructura de propiedad o administración es superior por definición. El Estado tiene un papel importante en garantizar el acceso, financiar la educación y supervisar su calidad. Pero de ahí no se sigue que tenga que ser el proveedor directo de todos los servicios educativos.
La evaluación de Bogotá plantea una pregunta que vale la pena tomarse en serio: si podemos financiar públicamente la educación y, al mismo tiempo, permitir que distintos operadores la presten bajo reglas claras, ¿por qué restringir de antemano las alternativas institucionales?
Al final, el objetivo no debería ser que todos los colegios sean administrados por el Estado. Debería ser que más niños aprendan más, que el acceso a una educación de calidad no dependa del ingreso de sus familias y que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible. Confundir ese objetivo con un único modelo de provisión es limitar innecesariamente las herramientas con las que contamos para alcanzarlo.
Referencias
El Tiempo. 9 de septiembre de 2026. Lo que Bogotá aprendió con los colegios de administración no estatal. Evaluación de impacto de colegios en concesión. url: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/lo-que-bogota-aprendio-con-los-colegios-de-administracion-no-estatal-3584905
Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press. Capítulo VI, “The Role of Government in Education”, (pp. 85-96). url: https://www.edchoice.org/about/legacy/articles/the-role-of-government-in-education/
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